Entrada de blogEl paquete «Omnibus» introduce una serie de modificaciones propuestas a la legislación de la UE en materia de sostenibilidad. Forma parte de la «Brújula de la Competitividad» de la Comisión Europea, una estrategia diseñada para reforzar la posición de la UE en el mercado mundial.
Este paquete se centra en actualizar las normas relativas a la presentación de informes de sostenibilidad y a la diligencia debida. La primera serie de modificaciones afecta a marcos normativos fundamentales como la CSRD, la CSDDD y el CBSM.
Qué va a cambiar
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
La CSRD se aplicará ahora únicamente a las empresas más grandes (más de 1 000 empleados y una facturación superior a 50 millones de euros). Además, los plazos de presentación de informes para algunas empresas se aplazarán hasta 2028. La Norma Europea de Información sobre Sostenibilidad (ESRS) actualizada también incluirá más datos cuantitativos. Esto da más tiempo a las empresas, pero aumenta las expectativas en cuanto a la calidad de los informes.
CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)
Las empresas deberán llevar a cabo evaluaciones de diligencia debida en materia medioambiental y social cada cinco años, en lugar de hacerlo anualmente. Esto se aplica tanto a sus propias operaciones como a sus proveedores directos. Se prevé que la directiva entre en vigor a partir de 2028, y que su transposición a la legislación nacional se complete en 2027. Aunque esto reduce la carga administrativa, sigue exigiendo una actuación estructurada.
CBAM (Mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono)
El CBAM establece un precio del carbono para los productos con alta intensidad de carbono que entran en la UE. Los importadores más pequeños quedarán exentos, pero el 99 % de las emisiones de estos productos seguirá estando cubierto. Este enfoque fomenta la responsabilidad climática sin imponer cargas innecesarias a los pequeños operadores.
¿Cuándo entrarán en vigor estos cambios?
El paquete «Omnibus» sigue siendo una propuesta y aún no se ha convertido en ley. Aunque la Comisión Europea le ha dado carácter prioritario, el proceso legislativo llevará tiempo. Se prevé que el Parlamento Europeo y el Consejo examinen el paquete en los próximos 9 a 12 meses. A continuación, cada uno de los Estados miembros iniciará el proceso de incorporación de las nuevas normas a su legislación nacional.
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